Policia de la provincia, a un tiro de la sedición

Policías de la provincia se manifestaron agrupándose en diversos lugares de la zona del Amba y en la propia residencia presidencial de olivos. En un comienzo intentaron hacer escuchar sus reclamos sobre el atraso salarial que viene soportando. Defendieron sus conductas exponiendo un silencio histórico de las autoridades políticas correspondientes, a sus reclamos. Como el brazo armado del estado no les está permitido la sindicalización, por lo que sus reclamos deben recorrer los caminos institucionales, muchas veces viciados de burocracia e indiferencia.

En épocas de pandemia la función esencial policía estuvo sobre exigida, según los propios afectados. El atraso salarial es algo que se arrastra desde el gobierno anterior, donde la ex gobernadora Vidal, prometió equipararlos con los de la policía federal y jamás lo concreto.

Las responsabilidades policiales son indeclinables e insustituibles. La fuerza provincial siempre tuvo un historial de complicidad con muchas actividades delictivas, desde prostitución al comercio de estupefacientes. Las comisarias generaban sus propios ingresos extras, que alimentaban el magro sueldo de los efectivos.

Es imposible generalizar y dejar de remarcar que los agentes del orden están obligados a jugarse la vida, en una sociedad donde la violencia es moneda de intercambio. Donde la degradación de insumos, chalecos, patrulleros, armamentos y hasta la misma profesionalización está deteriorada

En resumen se debe reconocer la realidad de una institución deteriorada en todos sus aspectos. Se debe acondicionar los sueldos a las responsabilidades que se asumen. Pero se debe exigir que sea el estado el que implemente e instruya a una fuerza, con la capacidad operativa e intelectual de luchar y prevenir el delito .Es una utopía a la que ninguna sociedad organizada debe renunciar.

Cuando se constituye sedición

La Sedición, es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente en una república democráticamente constituida

Fomentar organizaciones que se oponen a la autoridad, promover la resistencia al poder y realizar discursos públicos en contra del orden establecido son algunas acciones típicas de la sedición. Estas prácticas pueden considerarse como un delito dependiendo del contexto y la legislación de cada país.

De esta manera, hay que decir que las manifestaciones pacíficas, los actos de protesta y el ejercicio de la oposición política no suelen considerarse como actos de sedición ni acciones ilegales en los regímenes democráticos. De acuerdo a la Constitución Argentina, el pueblo gobierna a través de sus representantes y de las autoridades establecidas por la Carta Magna.

Las personas que pretenden atribuirse los derechos de los ciudadanos y realizar reclamos en su nombre, afirma la Constitución argentina, incurren en el delito de sedición.

De este modo, si integrantes de la fuerza policial deciden no acatar las órdenes del poder político hasta que se les otorgue un aumento de salario, estas personas podrán ser acusadas de sedición ya que no están respetando lo establecido por la Constitución.

Derecho a reclamar

En Argentina las manifestaciones y protestas sociales se han consagrado como instrumentos esenciales para la reivindicación, la protección y la promoción del más amplio abanico de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Muchos de los derechos fundamentales que actualmente la ciudadanía ejerce y disfruta libremente, se obtuvieron a través de la expresión pública de estas demandas sociales. Lo que llamamos derecho a la manifestación es la conjunción del pleno ejercicio de otros tres derechos fundamentales:

Libertad de expresión, Libertad de libre asociación, Libertad de reunión pacifica

Los ciudadanos se han organizado para lograr que muchos de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, se efectivicen, mejorando la calidad de vida de personas y colectivos afectados. Cuando las personas se organizan se encuentran con que los problemas, lejos de ser individuales son compartidos. Entonces, se buscan soluciones colectivas, donde todos y cada una de las personas puedan aportar soluciones, gozando de los derechos y beneficios que se vayan conquistando.

La solución siempre es colectiva y siempre debe ser aprovechada por todos. Reafirmar categóricamente, que organizarnos colectivamente es “un derecho”. La historia nos demuestra que cuando la sociedad se organiza consigue grandes derechos: trabajo digno, igualdad, educación, vivienda, entre muchos otros derechos adquiridos. Por ello el derecho a la protesta social no sólo debe ser reconocido, sino que debe ser protegido, promovido y garantizado en un Estado Democrático