Campomar: Centro Clandestino de Detención
Campomar Centro Clandestino de Detención: es un mojón que impide el olvido. La dictadura militar implementó un sistema de exterminio de todo aquel que no respondiera a sus intereses, escudado en una orden constitucional de aniquilar el accionar de la lucha armada, desatada por activistas políticos de la década del 70.
Es indispensable el recorrido histórico de los hechos para enmarcar el 24 de marzo como Día de la memoria, verdad y justicia. Son estos lugares, casi derruidos, donde todavía estan eclipsados testimonios, desapariciones, duelos y torturas indignas y difícil de encuadrar en el marco del accionar de un estado que considere a sus ciudadanos como semejantes. Estos lugares que fueron centros clandestinos de tortura y desaparición, desde su silencio y todavía, inspiran el terror de un pasado que debemos descifrar cada año para que las nuevas generaciones estén listas a escucharlo.
Circuito Camps
El Circuito Camps tenía sus bases en las dependencias de la Policía de la Provincia y funcionó en al menos nueve partidos del conurbano bonaerense. La Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría 5ta, o el destacamento de Arana son algunos de los centros clandestinos que más desaparecidos cargan en su historia. El funcionamiento en red hacía que los detenidos fueran trasladados de un espacio a otro. La particularidad es que los lugares que se utilizaron como centros de detención eran las propias comisarías de la provincia. Los detenidos eran llevados a brigadas, campamentos, lugares con policías, que además seguían funcionando como tales.
La Comisaría Tercera de Lanús es una de las dependencias que la policía provincial utilizó como espacio represivo durante aquellos años. A solo tres cuadras estaba la ex fábrica Campomar, el característico operativo en red que utilizaba el ejército genera la necesidad de indagar sobre su posible utilización como campo Clandestino de Detención.
Campomar
Fue una de las fábricas más emblemáticas del conurbano bonaerense que funcionó en Valentín Alsina, partido de Lanús. Fundada a finales del siglo XIX por Juan Campomar, albergó en sus años de mayor producción a más de tres mil trabajadores. Don Campomar y su esposa María Scasso de Campomar, recalaron en la Provincia de Buenos Aires, luego de emigrar al país desde Mallorca, España. Comenzaron un viejo telar que años más tarde se convirtió en una fábrica de casi seis hectáreas sobre la Avenida Remedios de Escalada y que albergó a casi 3000 operarios
Durante la década del treinta, la fábrica alcanzó su auge mediante la producción de telas y lana, abasteciendo a la demanda local y también a la internacional.
Unos años después, Campomar S.A. expandió su producción y abrió dos nuevas plantas (en Avellaneda y en Belgrano) donde trabajaron cerca de cinco mil personas. A partir de los años sesenta, se inició el declive de la fábrica: se declaró en quiebra en 1972, luego de una estafa acusada por la familia y adjudicada a los hermanos Abraham e Isaac Torres. Diecinueve fueron las empresas vaciadas por los hermanos en complicidad con el poder político (La prensa 26-8-70)
La planta, hoy está abandonada, techos altos y ventanales extensos aún recubren casi todas las paredes. Está sobre la calle Yatay, tres cuadras al norte, se ubica la Comisaría Tercera de Lanús. En las paredes color ladrillo de su entrada un cartel con letras blancas indica: aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.
La Comisión de Vecinos de Campomar se opuso a que se realice un desarrollo inmobiliario en el predio.
Vecinos
La mañana del martes 26 de junio de 2012 el anuncio del intendente Darío Díaz Pérez encendió las alarmas de los vecinos de Lanús. Un acto daba comienzo a la construcción de dos mil quinientos departamentos en el predio abandonado de Campomar con la inversión de la empresa Electro Ingeniería y el Banco Nación.
Unos meses después, se formó la Comisión de Vecinos por Campomar. Una organización vecinal que pedía la investigación y justicia por los hechos ocurridos años atrás en esos terrenos. Los vecinos de Lanús se organizaron bajo una misma causa y recuperaron historias, rumores y el testimonio del sobreviviente Antonio Vargas. En treinta días pasaron de ser cuatro integrantes a 50.
La Defensa, un diario digital del barrio de Lanús, publicó en 2013 el certificado de dominio del predio. En 1976, el terreno fue inscripto en el catastro 4417-Lanús (25) Partida 105249 A, como compra de SEGBA -empresa pública de energía- con hipoteca simultánea a favor de la Financiera AION. Una compra sin subasta ni licitación. Así, Campomar quedó custodiada por personal militar armado. La empresa eléctrica fue disuelta durante la presidencia de Carlos Menem y sus tareas quedaron divididas en tres áreas controladas por EDESUR, EDENOR y EDELAP.
En noviembre de 1999, el secretario de Obras Públicas resolvió la venta directa del inmueble. Entre 2000 y 2001, los privatizadores Lopez Murphy y Carlos Manuel Bastos, este último tiene como mérito el récord de liquidar Segba y Gas del Estado, privatizar las rutas nacionales, ser asesor de Bucaram en el Ecuador y funcionario de Entron (EE. UU), manipularon el patrimonio de Campomar
En el certificado del Registro de la Propiedad del 12 de diciembre del 2000 el inmueble -Campomar- pertenece al Estado. Catorce días después, se operó la venta e hipoteca a favor de la Financiera Raisin S.A. Una empresa constructora que forma parte del Grupo Chateau de la Corporación Puerto Madero. Esta corporación es una empresa estatal regida por el derecho privado comercial.
El 23-8-2005 se derrumbó una pared que provocó la muerte de 2 vecinos. Quindimil, intendente de Lanús, para hacer zafar a Raisin S.A de la responsabilidad civil, promovió la expropiación de Campomar para la construcción de viviendas populares. El 18-11-2008 la Cámara de diputados de la PBA, sancionó la ley 13895 de expropiación de Campomar, declarando de utilidad pública y adjudicando al municipio de Lanús con destino a un plan de viviendas. El dominio de la propiedad entonces estaba inscripto a nombre de: Adefe Curtiembre SA, cuyos dueños son la familia Sandoval; María A., Guillermo, Ricardo y Oscar N.Pianelli. Su actividad según la Afip es desde 1976 la construcción de edificios.
Desde el cierre de la fábrica hasta 1980, hay testimonios que aseguran haber escuchado gritos y disparos en sus alrededores. Cuando se hacía de noche, aterrizaban helicópteros sobre los escombros abandonados y entraban autos por el portón del frente. Las calles de la fábrica amanecían con los restos de la actividad desconocida que sucedía puertas adentro: ropa sucia y arrugada, con perforaciones de bala.
En 2012, el pedido de investigación de los vecinos fue elevado a la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo presidido en aquel entonces por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. El recurso de amparo fue presentado ante La Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de La Plata. Unos días después, bajo el expediente 2692/SU, se ordenó la detención de las obras por un plazo de treinta días y la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF).
En el predio (que fue una fábrica modelo; con un club dentro del predio para sus trabajadores) la fundación Campomar había donado un sector de esas 24 hectáreas a la construcción de una Escuela Secundaria Número 9. Entre los testimonios de los vecinos se sumó el de una docente de biología ya jubilada. En 1980, Teresa Piccolo realizó una excursión al predio con sus alumnos. La idea era tomar muestras de los materiales que se asomaban entre el barro y los yuyos, para después analizar en clase. Ese día, dos niños encontraron un cráneo. Hubo testimonio de voces pidiendo socorro y ráfagas de tiros; durante ese periodo era común encontrar ropa tirada por los alrededores
En 1984 el Diario La Voz estuvo con vecinos en el lugar donde fotografiaron huesos y restos de las ropas encontradas (una campera con manchas de sangre y agujeros en la espalda, amarraduras y una picana). Los dichos de las personas que estuvieron dentro del casco y encontraron tres elásticos metálicos de camas, una inscripción que decía MORGUE fotografiada y una pared que no pertenecía a la construcción original y tabicaba un espacio determinado.
Dentro del plazo dispuesto por la justicia se llevaron a cabo distintas investigaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo su intervención en noviembre del 2012. Después de una visita a la fábrica, el equipo dio su respuesta: no parecía un lugar de inhumación de cuerpos. Sin embargo, en ningún centro clandestino reconocido hasta el momento se habían encontrado cadáveres enterrados, solo en el Pozo de Arana, en La Plata.
En este lugar no se encontró ningún cuerpo porque no era la modalidad habitual de la represión enterrar en centros clandestinos de detención. Se utilizaban los cementerios municipales o los aviones que iban al Río de la Plata. — remarca Luis Fondebrider, presidente del EAAF. (Equipo Argentino de Antropología Forense)
En noviembre de 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya había realizado su trabajo. Su labor específica se reduce a las inhumaciones clandestinas, el equipo propuso que, para realizar una investigación exhaustiva, era necesario utilizar aparatos de geofísica en zonas acotadas, explica Fondebrider.
El juez Leopoldo Shiffrin tomó declaración a todos los vecinos de la zona. El informe final dictaminó que no se habían encontrado restos humanos enterrados en el terreno, por lo que el tribunal, ante la disidencia del juez Shiffrin, levantó el recurso de amparo por falta de pruebas.
Las vías para la construcción del megaproyecto inmobiliario quedaron otra vez abiertas pese a la apelación de la Comisión Provincial por la Memoria. De todas formas, las viviendas nunca fueron construidas. “La decisión de no seguir con el proyecto inmobiliario luego de todo este proceso fue puramente económica por parte del banco y la empresa. No tuvo que ver con un logro judicial”, agrega Sandra Raggio, directora general de la comisión.
Las obras se paralizaron a finales del 2012 y es al día de hoy, ocho años después, que la Comisión de Vecinos por Campomar sigue pidiendo que la justicia investigue lo ocurrido en ese predio durante la última dictadura.
Existen múltiples testimonios de vecinos que declararon ante la justicia haber visto cosas: helicópteros, retenes militares, disparos. Lanús es un lugar que ha sido muy golpeado por las dictaduras. Muchos integrantes de alto rango salieron de acá, conocían el lugar a la perfección, los lugares que podían ser funcionales para secuestrar gente, torturarla y matarla”, agrega Raggio.
Las voces de los vecinos de Lanús que han denunciado fueron muchas, destacamos las de ex director de educación del municipio: Alfredo Giorno, cuando era concejal y presidente de la comisión de DDHH en septiembre del 2007. Allí denunció que la fábrica fue utilizada como lugar de alojamiento de detenidos desaparecidos. Armando Lucchina, un expolicía y testigo contra la triple A, escribe aún hoy en su portal Uthopia, que Campomar fue un centro clandestino. Hernando Altamirano, con DNI en el listado de agentes del batallón 601 y agente de la represión, aseguró que el lugar era un campo de detención
La dificultad de estudiar estos baldíos tiene que ver con la falta de precisiones, y en realidad, de investigar, se tendrían que investigar todos los baldíos de la Provincia de Buenos Aires, le explicaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense a Juan Ayala.
Algunos centros clandestinos mantienen hasta el día de hoy sus fachadas, sus entradas y sus puertas. “Siguen siendo bastante parecidos y siguen estando ocupados por la policía o por el ejército». Muchos ex-centros clandestinos gozan de la impunidad de no ser descubiertos porque los cuerpos asesinados no fueron enterrados en sus cercanías. Entonces, el valor de los testimonios pasa a ser un factor fundamental para el comienzo de una investigación, explica Luis Fondebrider de la EAAF.
