Luego de 30 años, Argentina tiene nueva ley integral de VIH

El proyecto de ley nacional de respuesta integral, no solo refiere al VIH, sino que incorpora en la misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis.

El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría, y convirtió en ley, el proyecto de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

La iniciativa, que fue presentada originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, establece -entre otros puntos- la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.

La iniciativa, que contó con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

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Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.

La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.

También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

DERECHOS LABORALES PARA LAS PERSONAS CON VIH, HEPATITIS VIRALES, OTRAS ITS Y/O TUBERCULOSIS

– Al trabajo y a la permanencia en el mismo sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, ni violación de la confidencialidad, para la población referida en esta ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis obedece a razones de discriminación.

– A que no sea condicionado el ingreso a fuentes laborales o a la promoción de puestos de trabajo por la realización de pruebas diagnósticas.

– A no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo.

– A ser beneficiarios de políticas de empleabilidad para personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis, impulsando el acceso universal, asistencia integral y no discriminación.

– A la inclusión de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis en los programas de formación y capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

– A ser beneficiarios de políticas de acciones afirmativas que fomenten la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, para la población contemplada en esta ley, garantizando la confidencialidad del diagnóstico.

El jefe de la Comisión de Salud, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, elogió la actual Ley de VIH y la calificó como “precursora en el mundo y sobre todo en la región”.

“Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa de 11 por cien mil. En tanto que la tasa de mortalidad está en 2,8 por cada cien mil habitantes”, mencionó Yedlin.

Además, indicó que “el treinta por ciento de los pacientes que se diagnostican lo hace en un período tardío de la enfermedad”, y señaló que “el 65 por ciento de los pacientes se atiende en el sector público”.

El vicepresidente de la Comisión, el jujeño Mario Fiad, refirió que “esta ley viene a actualizar la ley vigente y que tiene el adicional de incluir también a las hepatitis virales y a otras infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva de los derechos humanos”.

“Creo que estamos llegando tarde, porque no necesitamos de estas leyes para saber que el universo de las personas afectada por estas patologías tienen sus derechos consagrados”, agregó.

“Este proyecto de ley viene a atacar las dos barreras principales que tiene la respuesta al VIH en la Argentina que son la pobreza y la discriminación, con acciones concretas como una pensión no contributiva, un régimen especial previsional para las personas que no lleguen a cumplir los años de aporte o políticas específicas que prohíban la discriminación”, dijo a Télam Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH .

Por su parte, José María Di Bello, de la Fundación Efecto Positivo (GEP), afirmó que “ninguna ley de ningún otro lugar del mundo” contiene “todos los aspectos de protección social que incluye nuestro proyecto” y el hecho de aprobarla “nos pone nuevamente en la vanguardia de la avanzada en la conquista de derechos” en materia de VIH.

El histórico activista aseguró que en estos ocho años de lucha desde la redacción del proyecto, éste “evolucionó” al calor de las mismas circunstancias “y a partir de una situación terrible como fue la quita de las pensiones no contributivas a las personas con VIH durante el macrismo” se incorporó un régimen nuevo para personas positivas, “porque nos dimos cuenta que no podían depender de la voluntad política del gobierno de turno” y debían formar parte de la letra de la ley bajo una denominación específica.

“Durante estos años hemos avanzado mucho a nivel de tecnologías médicas y eso nos ha dado una sobrevida, pero con ella vinieron un montón de otros impactos, que tienen que ver con lo social y laboral, y a eso le estamos dando respuesta con esta ley. Yo soy un convencido de que va a salvar muchas vidas”, dijo.

“En este mes tan importante para nosotros -después de 53 años de la revolución de Stonewall en Nueva York que inició una persona negra, trans y VIH positiva- es muy importante estar acá, en la calle, con este nuevo desafío que nos pone por delante la identidad política”, afirmó Timi, de cabellera rosa y con un complejo maquillaje artístico cubriendo su ojo izquierdo y parte de su rostro.

Por su parte, la directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación Inadi y activista trans Ornella Infante, sostuvo que la expectativa, a partir de la sanción de esta ley, es que “el Estado argentino comience a pagar de una buena vez la histórica deuda que tiene con el sector”.

“Nosotras lo que tenemos que lograr también es la aprobación de la ley integral trans para que nos garantice también el contexto general de tener la inclusión, la igualdad de oportunidades que tienen otras poblaciones, no sólo las que conviven con VIH porque hay un sector que no es positiva y le tenemos que dar todas las herramientas para prevenirlo”, dijo

Ley integral: ¿de qué se trata?

Mientras se espera el tratamiento de la ley inegral de VIH, tuberculosis y hepatitis en la Cámara alta, Ariel Goldman, docente de la Licenciatura en Gestión de Servicios de Salud de Universidad Argentina de la Empresa (UADE), opinó para Télam sobre la importancia de que las instituciones de salud, para dar cumplimiento efectivo a la ley, no pongan trabas administrativas  y que los prestadores capaciten a sus profesionales psobre estudios de prevención y detección precoz.

POR ARIEL GOLDMAN

El pasado jueves 5 de mayo, la Cámara de Diputados de la República Argentina aprobó por 241 votos a favor, y solo 8 votos en contra, el proyecto que trata una nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis. La iniciativa fue apoyada por más de 200 organizaciones civiles, y fue festejado por los asistentes que representaban a diversos colectivos sociales.

Según datos oficiales de diciembre de 2021, recabados por el Ministerio de Salud de Argentina, se estima que 140.000 personas poseen VIH, de las cuales 65.000 se atienden en el sistema público de salud. En promedio, se notifican 4.500 casos por año. Por su parte, y también según datos del mismo organismo estatal, en el 2020 se registraron 10.968 casos de tuberculosis en Argentina. Y si bien los casos de hepatitis no aparecen contabilizados de forma reciente, es otra condición que debe ser tenida en cuenta por los servicios de salud y prevención por su alta capacidad de contagio.

El proyecto apunta a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables, como así también cambiar la realidad social de las personas afectadas. Con un abordaje integral desde la salud colectiva, y el foco puesto en brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación, la futura legislación actualizará la ley 23.798 de 1990.

A continuación, se listan los 4 puntos más importantes de la futura nueva ley:

o Establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Se destaca que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.

o Promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. En la iniciativa aprobada se establece que quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

o Impulsa la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.

o Propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Con el tiempo, resta determinar si esta nueva legislación puede ser un puntapié inicial para repensar nuevas medidas sanitarias, adaptándolas a las necesidades reales de la población. Especialmente en temas sensibles, que afectan a la salud de una gran parte de la población, y que no sólo llevan a miles de personas a la muerte cada año, sino que dificultan su vida social de manera diaria, generando marginalidad y discriminación. De todas formas, los proyectos siempre pueden ser mejorados o perfeccionados, por lo cual será conveniente que los sistemas de salud puedan determinar oportunidades y mejoras, para aportar elementos e ideas que los hagan mejores y más eficientes, tanto en el ámbito público como privado.

Desde el punto de vista de las instituciones de salud, para dar cumplimiento efectivo a la ley es importante que no surjan trabas administrativas para el acceso efectivo de sus beneficiarios, como así también que haya participación en la difusión masiva de medidas de prevención. Asimismo, cabe responsabilidad a los prestadores de capacitar a sus profesionales, con el fin de informar a la población sobre estudios de prevención y detección precoz de estas enfermedades.