Día Internacional del Trabajo Decente: avances globales y retrocesos locales

Establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este día busca promover una agenda global para mejorar la calidad del empleo y erradicar la explotación laboral y el trabajo precarizado. Sin embargo, mientras se avanza a nivel global con normativas y convenios para proteger a los trabajadores, países de América Latina y en particular Argentina, han experimentado retrocesos en la legislación y por lo tanto en el control y en la calidad del empleo.

La OIT define el Trabajo Decente como aquel que ofrece un ingreso justo respecto a la cobertura de la canasta básica para la satisfacción de las necesidades,  respeto por todos los derechos laborales, seguridad social, igualdad de oportunidades y condiciones seguras y saludables de trabajo.

Esta organización, junto a otros organismos internacionales, ha establecido una serie de normativas y convenios orientados a prevenir la precarización y garantizar estándares mínimos de trabajo digno.

• Comenzando por Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo donde se establecen los pilares del trabajo decente.
• Convenio 1 acerca de la duración de la jornada laboral, establece un límite de ocho horas diarias y una semana de trabajo de 48 horas
• Convenio 87 sobre la libertad sindical para asociarse y organizarse sin sufrir represalias.

• Convenio 98 sobre el derecho de negociación colectiva.
• Convenio 111 para la eliminación de la discriminación en el empleo por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, condiciones físicas o de salud.
• Convenio 189 acerca de la protección del trabajo doméstico.
• Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En argentina el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina plasma la mayoría de estos derechos laborales. A su vez, el Artículo 75, Apartado 22 establece la adherencia a los convenios internacionales otorgándoles jerarquía constitucional. Esto implica que las normas establecidas en estos tratados tienen prioridad sobre las leyes nacionales, y deben ser aplicadas por encima de ellas en caso de conflicto.

Además, Argentina cuenta con la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la complementación de otras leyes como la Ley Antidiscriminatoria 23.592 que se aplica a todos los ámbitos, siendo el trabajo eje central de la vida cotidiana, o la Ley 26.378 de los Derechos de Personas con Discapacidad que en su Art. 27 también regula las condiciones de trabajo de esta población a fin de equiparar los derechos a todos los/as trabajadores/as.

Históricamente, Argentina ha contado con una sólida legislación laboral destinada a proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha observado un claro retroceso debido a las nuevas normativas impulsadas, como la Ley Bases 27.742/24. Muchas de estas disposiciones han sido consideradas inconstitucionales por ir en contra del bienestar de los trabajadores y del principio de progresividad que exige una mejora continua en las condiciones laborales en lugar de su deterioro. La aplicación de estas normativas expone a las y los trabajadores a condiciones laborales y contractuales más precarias. Un claro ejemplo es el artículo 4, que elimina las sanciones por la falta de registración de los empleados, así como los artículos 89 y 97, que introducen flexibilizaciones y permiten la aceptación de trabajo independiente, una categoría que la Ley de Contrato de Trabajo considera fraudulenta, ya que encubre verdaderos vínculos laborales bajo la fachada de trabajo autónomo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),actualmente más del 45% de los trabajadores argentinos se encuentran en condiciones de informalidad, lo que implica que no cuentan con acceso a derechos laborales básicos, como la indemnización o aportes jubilatorios.

A pesar de este intento de embestida legislativa, argentina cuenta con vastos recursos legales para salvaguardar las condiciones de empleo digno, como los mencionados tratados internacionales con fuerza constitucional y leyes nacionales. Pero es crucial abrir un debate sobre la perspectiva social predominante, la cual está generando un mayor sufrimiento en la población, especialmente entre los trabajadores. Las recientes decisiones políticas del gobierno han mostrado una marcada intención de precarizar aún más las condiciones laborales, protegiendo los beneficios excluyentes de los sectores empresariales y económicos más poderosos del país, en detrimento de los derechos de la población en general. Este enfoque no solo erosiona los derechos laborales, sino que también aumenta la desigualdad y vulnerabilidad frente a la profunda crisis económica.

El Día Internacional del Trabajo Decente es un recordatorio de que el acceso a un trabajo digno es un Derecho Humano fundamental, pero también es una alerta sobre los retrocesos que enfrentan los trabajadores en distintas partes del mundo, especialmente en América Latina. Aunque las normativas internacionales son un paso adelante, el verdadero desafío radica en la implementación local y en asegurar que los trabajadores puedan gozar de sus derechos sin excepción. El compromiso con la justicia social es el único camino para construir sociedades más equitativas y con un verdadero bienestar para todos.