Preocupa la salud mental en Argentina
Las reformas en la legislación propuestas por el gobierno recientemente asumido en Argentina, a través del DNU –Decreto de necesidad y urgencia- con 300 medidas y el mega proyecto de ley presentado ante el congreso, incluyen entre tantas otras modificaciones la quita de subsidios a servicios esenciales, la desregulación de precios en los alimentos, cambios en legislación laboral, habitacional, en la salud en general y la ley vigente de salud mental. Esta última ha sido objeto de críticas debido a fallas en su alcance y aplicación, sin embargo, lo planteado como alternativa representa un retroceso significativo en el proceso de desmanicomialización, un esfuerzo en el que diversos sectores profesionales de la salud mental y psicosocial han trabajado arduamente.
Este proyecto intenta derogar una ley que fue construida a partir del debate de 3 años con participación de organismos de derechos humanos, profesionales especializados y la escucha activa a personas usuarias, para implementar un nuevo sistema inconsulto que contempla la reintroducción de internaciones involuntarias, intervenciones que otrora han generado problemas al deshumanizar al paciente, privarlo de su autonomía y excluirlo de los procesos terapéuticos, resultando iatrogénico para su recuperación o rehabilitación, y sin mencionar los intereses que podrían influir en estas decisiones, a menudo externos al bienestar del individuo. Tal como expresa el proyecto: “El juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria” lo que implica una inversión en la lógica de la salud mental: primero internar, después evaluar.
El modelo de sobre-internación, y sobre-medicación con psicofármacos toma un lugar priorizado, obstaculizando el trabajo especializado con la persona en su comunidad, con sus redes. Estas propuestas, coherentes con la ideología gubernamental actual, representan un modelo comercializado donde se prioriza el valor económico de asistencia.
Sin embargo, al hablar del detrimento de la Salud Mental no solo debemos referirnos a estas medidas que buscan implementar sobre las leyes específicas para el abordaje institucionalizado, sino que además es fundamental entender la salud mental como el bienestar integral de la persona en su entorno, intrínsecamente ligado a la vida cotidiana y a las relaciones interpersonales. Durante crisis sociales, económicas, ambientales o políticas, todos estamos, en mayor o menor medida, atravesados por estos eventos. En estas épocas se producen altos niveles de estrés como respuestas orgánicas que llevan a la ansiedad, depresión, insomnio, entre otros, afectando nuestro bienestar, los vínculos y salud.
El acceso a la salud mental, a la asistencia en este ámbito también constituye un derecho que ha sido coartado frente a masivos despidos de profesionales pertenecientes a espacios públicos especializados. Tanto hospitales, el sistema de ayuda linea 137 Brigada móvil de atención a victimas de vinolencia y diferentes programas ministeriales reducidos a secretarias, se vieron afectados con la perdida de puestos laborales y por lo tanto un enorme impacto en la reducción de la capacidad de asistencia a la población.
A este panorama se suma la pérdida de derechos laborales en general, la desregulación de contratos de alquiler que genera un impacto negativo en materia habitacional y la importante crisis económica. La inestabilidad y el descontento resultantes afectan la salud mental de la población de manera considerable. Es vital comprender que la salud mental no puede ser entendida ni analizada desde la individualidad, sino que es una construcción social y colectiva. Si una persona padece, su entorno también se ve afectado, y si el entorno resulta perjudicado, cada individuo experimenta un impacto en su bienestar personal.
Por tanto, abordar la salud mental implica no solo la estructura institucional y la regulación estatal para mejorar la accesibilidad a los servicios, sino también el rol esencial del Estado en garantizar condiciones de vida digna para toda la población, incluyendo aspectos económicos, accesibilidad a la salud y educación, ambientes saludables, espacios públicos cuidados y libres de violencia. No se puede separar la salud mental del resto de las políticas o decisiones gubernamentales, ya que la salud es un fenómeno bio-psico-social, y todas las condiciones del entorno influyen en ella.
El ajuste no es una opción, frente a los pedidos de las funcionarios de colaborar con sus medidas, hay personas que no saben donde vivirán el siguiente mes o más aun, que darán de comer a sus hijos al día siguiente. No hay posibilidad de salud mental si no hay necesidades básicas satisfechas, y no se trata de un esfuerzo más de la población, sino de una obligación del gobierno y toda la estructura estatal. La falta de conocimiento y comprensión de los funcionamientos institucionales y parlamentarios por parte de los gobernantes actuales están teniendo un perjuicio en la vida cotidiana de las personas y una devastación sobre la soberanía de nuestro país. Fingir demencia resulta en estos casos un privilegio de quienes aún tienen un plato de comida en su mesa, pero no es alternativa para los sectores comprometidos con el bienestar de las personas, la justicia social y los derechos humanos.
