Rescate de víctimas de trata laboral en Entre Ríos y Nordelta: condiciones inhumanas y explotación
En un operativo realizado en un campo de Colonia Yeruá, al noreste de Entre Ríos, cuatro personas fueron rescatadas de una situación de explotación laboral extrema. Las víctimas, que realizaban tareas de deforestación, vivían en condiciones inhumanas, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o baños. Según informaron las autoridades, los trabajadores no solo enfrentaban largas jornadas laborales, sino que también recibían apenas la mitad de la remuneración acordada.
El operativo, encabezado por Gendarmería Nacional en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y la Dirección General Impositiva (DGI), sacó a la luz las precarias condiciones en que estas personas estaban obligadas a vivir y trabajar. Según los informes, las víctimas carecían de ropa adecuada y de equipos de seguridad indispensables para realizar las tareas de deforestación, lo que las exponía a riesgos constantes.
Una investigación en marcha
La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concordia, liderada por Josefina Minatta, está a cargo de la investigación por posible trata de personas con fines de explotación laboral. El caso ha vuelto a encender las alarmas sobre la persistencia de prácticas de explotación en sectores vulnerables de Argentina.
Fuentes oficiales explicaron que en situaciones de trata laboral, como la registrada en este caso, no es necesario que se cumplan todas las etapas del proceso de trata para que se configure el delito. “Basta con que una de las acciones se concrete y que la finalidad sea la explotación de una o varias personas”, señala el Ministerio de Capital Humano.
La explotación puede incluir prácticas como reducir a una persona a la esclavitud o servidumbre, obligar a realizar trabajos forzados, promover la prostitución, forzar al matrimonio o comercializar órganos, fluidos o tejidos humanos. En Argentina, los principales focos de trata están relacionados con la explotación laboral y sexual.
Condiciones de extrema precariedad
El informe del operativo describe las condiciones como “de extrema precariedad”. Las víctimas se encontraban hacinadas y desprotegidas ante las inclemencias del clima, además de no contar con ropa adecuada ni herramientas seguras para su labor. Las jornadas laborales, según el testimonio de los trabajadores, se extendían por muchas horas, sin pausas ni derechos laborales respetados.
En muchos casos, estas personas son engañadas con promesas de salarios dignos y condiciones adecuadas, pero al llegar al lugar de trabajo, se enfrentan a realidades completamente distintas. En este caso, las víctimas aseguraron que solo recibían la mitad del pago prometido, lo que, sumado a las pésimas condiciones de vida, constituyó una forma de esclavitud moderna.
Un problema recurrente en el país
El caso de Entre Ríos no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la DGI y otras agencias han desmantelado diversas redes de explotación laboral en el país. Un caso reciente en un exclusivo desarrollo inmobiliario en el partido de Tigre reveló a 24 trabajadores en condiciones similares. Provenientes de la provincia de Salta, estos obreros trabajaban hasta 14 horas diarias sin estar registrados y vivían en alojamientos precarios, además de tener restringida su libertad de movimiento.
Durante el operativo en Tigre, se detuvo a un arquitecto, un contratista y dos inversores, y se incautaron armas y grandes sumas de dinero en efectivo. Según los reportes, incluso se negó atención médica a un obrero que sufrió un accidente grave con una amoladora.
La necesidad de mayores controles
El fenómeno de la trata de personas con fines de explotación laboral pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas más robustas para prevenir estos delitos y proteger a las víctimas. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades y las organizaciones civiles, la falta de controles efectivos en sectores como la agricultura, la construcción y la industria forestal sigue permitiendo que estas prácticas persistan.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier caso sospechoso de explotación laboral o trata de personas. Las líneas de denuncia anónima, como la 145, se han convertido en herramientas clave para combatir estos delitos.
