Los países del ALBA-TCP condenan el "robo" de otro petrolero venezolano: "Sienta un grave precedente"
El ALBA-TCP respaldó todas las acciones legales y diplomáticas emprendidas por Venezuela ante organismos multilaterales tras la interceptación de un segundo petrolero venezolano por parte de fuerzas estadounidenses en aguas internacionales. De acuerdo con el comunicado difundido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), estos hechos representan un grave acto contrario al Derecho Internacional y una vulneración de la soberanía de los Estados, según detalló el medio que proporcionó la noticia.
El medio informó que los países miembros del ALBA-TCP condenaron lo que califican como el “robo” de otro petrolero de bandera venezolana, interceptado por autoridades estadounidenses el sábado durante el traslado de crudo. Según publicó la fuente, estas naciones alertaron sobre el establecimiento de un “grave precedente” en el ámbito internacional al incautar buques comerciales fuera de la legalidad internacional. El comunicado de la alianza enfatizó que tales acciones forman parte de una estrategia para “sustituir las normas por la intimidación y el despojo”, acusando a Estados Unidos de actuar como un “corsario” y privar “ilegítimamente de libertad a la tripulación” de la embarcación afectada.
El ALBA-TCP destacó que tales incautaciones violan disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, principios del Derecho Internacional y estipulaciones de la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. El comunicado difundido, según reportó la fuente, indicó que la acción estadounidense representa una “agresión inadmisible contra el comercio legítimo y la soberanía de los Estados”, así como una evidencia de una intención de “saqueo de los recursos naturales de un país soberano”, lo que sienta un precedente con impacto regional y global.
De acuerdo con la información original, los países del ALBA-TCP interpretan estas incautaciones como parte de una “estrategia supremacista de dominación neocolonial”, orientada a “imponer por la fuerza un orden anárquico en el que prevalezca la violencia”. La alianza sostuvo que con dichas medidas, Estados Unidos pretende socavar normas internacionales y establecer la intimidación como método principal de relación entre Estados. Frente a este escenario, la organización reafirmó su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos, subrayando el apoyo a todas las gestiones jurídicas y diplomáticas que Venezuela emprende en foros internacionales.
Además, el bloque demandó la paralización “inmediata” de estas políticas calificadas como ilegales según Caracas y solicitó la determinación de responsables de las acciones señaladas. En palabras recogidas por la fuente, los países del ALBA-TCP afirmaron que tales operaciones “suponen una agresión directa a todas las naciones”.
Respecto a los episodios recientes, la fuente indicó que el domingo Estados Unidos ejecutó una tercera intervención de este tipo ante las costas venezolanas. En este caso, el petrolero interceptado no figuraba en la lista de buques sancionados por el Departamento del Tesoro de ese país norteamericano. No obstante, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, explicó según consignó la fuente, que el buque pertenecía a PDVSA, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, y transportaba petróleo bajo sanciones internacionales. Además, detalló que se trataba de un “navío de falsa bandera” utilizado supuestamente en operaciones de la “flota en la sombra venezolana” para comerciar con petróleo y financiar al gobierno de Nicolás Maduro, al que las autoridades estadounidenses califican como “régimen narcoterrorista”.
Según fuentes oficiales estadounidenses citadas por el ‘Washington Post’ y referenciadas en el reporte, el abordaje efectuado por los guardacostas de Estados Unidos estaría respaldado por una disposición legal marina denominada “derecho de visita”. Esta normativa permite a embarcaciones militares inspeccionar otros navíos en situación internacional cuando exista sospecha de actividades delictivas.
El gobierno venezolano ha considerado este incidente como una manifestación de piratería, interpretando la confiscación del petrolero como una violación evidente de normas internacionales y la comisión de una infracción calificada de grave.
El comunicado de la Alianza difundido y citado reiteró que la interceptación de buques venezolanos en aguas internacionales representa una violación del orden legal internacional, con posibles repercusiones tanto en la región como en el sistema internacional, mientras continúan las exigencias de respeto a la normativa marítima y el cese de medidas que el bloque considera arbitrarias.
Con información de UNAR AGENCY
