La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez
El procedimiento judicial que tramita el Juzgado Central de Instrucción Número 6 permanece cubierto por secreto de sumario, lo cual mantiene reservada la información sobre la identidad de otros posibles investigados y sobre la extensión exacta del caso. Según informó Europa Press, la operación en torno a supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos ha provocado que tres altos perfiles permanezcan bajo custodia policial tras varios registros realizados en sedes empresariales situadas en Madrid, Sevilla y Zaragoza. La Audiencia Nacional deberá determinar en las próximas horas las medidas que se aplicarán a los detenidos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado la operación bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de esclarecer posibles delitos vinculados a la gestión de fondos públicos y a la contratación administrativa en empresas relacionadas con Servinabar. Tal como publicó Europa Press, entre los arrestados figuran Antxon Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán; Leire Díez, ex militante socialista; y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Todos ellos permanecerán a disposición judicial, mientras la Audiencia Nacional estudia si dicta su ingreso en prisión provisional o decide su puesta en libertad, con o sin la imposición de medidas cautelares.
De acuerdo con Europa Press, la investigación está orientada a determinar si se produjeron adjudicaciones públicas de carácter irregular, que habrían supuesto un beneficio directo para Servinabar y para personas con vínculos profesionales o políticos con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. En este contexto, el papel de Antxon Alonso destaca por su relación directa con Cerdán, mientras que tanto Leire Díez como Vicente Fernández forman parte de los principales sujetos investigados por la Fiscalía Anticorrupción, indicó el citado medio.
Los registros realizados durante el operativo policial tenían como fin la recopilación de documentación estratégica y de otras pruebas en las sedes de las empresas investigadas. Según detalló Europa Press, las pesquisas se concentraron en esclarecer tanto el origen como la trazabilidad de los contratos públicos sospechosos, poniendo especial atención en posibles irregularidades relacionadas con la forma en que se adjudicaron y gestionaron estos procedimientos dentro de organismos estatales.
El desarrollo de la investigación, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutado por la UCO, responde a una estrategia de seguimiento legal avalada por órdenes judiciales y bajo continuo escrutinio de los órganos de control antifraude dependientes del Ministerio Público. Europa Press consignó que estos esfuerzos buscan identificar los mecanismos que habrían permitido el acceso favorecido de empresas y personas a contratos públicos, y determinar los posibles delitos cometidos durante el proceso.
Aunque la jornada principal de detenciones se llevó a cabo el miércoles y tuvo como protagonistas a Alonso, Díez y Fernández, al día siguiente la actividad policial prosiguió con la inspección y registro documental de empresas vinculadas a Servinabar. Fuentes consultadas por Europa Press no prevén nuevas detenciones en las próximas horas, aunque el análisis de la documentación incautada y la búsqueda de pruebas continuará durante varias semanas bajo la dirección de la UCO y la vigilancia directa del magistrado titular, Antonio Piña.
El medio Europa Press reportó que los arrestados deberán comparecer ante la Audiencia Nacional en un plazo máximo de 72 horas desde su detención, con previsión de que las comparecencias se realicen entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el tribunal competente decida, en función de la información disponible y de las evidencias recogidas, si se decreta prisión provisional o si los detenidos quedan de momento en libertad, a la espera de la evolución del procedimiento, con posible aplicación de medidas cautelares.
De acuerdo con lo reportado por Europa Press, este procedimiento se enmarca en una etapa de especial vigilancia sobre los procesos de contratación en el sector público, donde la transparencia y el rigor normativo adquieren centralidad como línea de actuación de los órganos investigadores. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO han unificado esfuerzos para asegurar la legalidad y el rigor procesal en la actuación policial, bajo la autoridad del órgano judicial encargado de instruir las diligencias.
Actualmente, la instrucción sigue protegida por el secreto sumarial, manteniendo sin publicitar detalles adicionales sobre los hechos ni referencias específicas sobre otros posibles implicados. El curso de las actuaciones policiales y judiciales continúa bajo la supervisión de la autoridad competente, a la espera de las decisiones procesales que adoptará la Audiencia Nacional en el margen temporal establecido, según reportó Europa Press.
Con información de UNAR AGENCY
