Europa, frente a la situación explosiva que la COVID-19 puede causar en las cárceles

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Vue de la prison de Perpignan le 17 Mars 2020. AFP PHOTO / RAYMOND ROIG

Por Agence France-Presse via edn Hub

Bruselas – Los países europeos tratan de evitar la situación potencialmente explosiva que podría causar el nuevo coronavirus en sus cárceles, muchas de ellas sobrecargadas, y adoptaron una serie de medidas restrictivas que dieron lugar a tensiones y motines.

Dunja Mijatovic, comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa -una institución diferente a la Unión Europea, que reagrupa a 47 países- instó a que se recurra a «cualquier alternativa disponible» en lugar de a la detención «cuando sea posible», con el fin de proteger los derechos y la salud de los detenidos.

Los ministros europeos de Justicia, por su parte, debatieron por videoconferencia a principios de abril acerca de las medidas adoptadas.

Varios países europeos optaron por descongestionar sus establecimientos penitenciarios para limitar la propagación de la COVID-19, pues la distancia social -importante para evitar contagios- es imposible en esos centros. Así, muchos ordenaron liberaciones anticipadas para detenidos que estaban a punto de cumplir su pena y para condenados por los delitos menos graves.

Francia, que en enero fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la sobrepoblación de sus cárceles, redujo desde mediados de marzo en más de 6.200 el número de detenidos, llevando la cifra a 63.300 (aunque solo haya plazas para 61.000).

El gobierno británico también anunció la liberación anticipada de hasta 4.000 presos, a los que les quedaban dos meses o menos de pena, mientras que Grecia prevé liberar a unas 1.500 personas.

Asimismo, países como Francia o Suecia aplazaron la ejecución de algunas penas para evitar nuevas encarcelaciones.

Además, la falta de material de protección contra la epidemia también se ha dejado sentir en las prisiones, donde la epidemia causó varios muertos entre presos y guardias, según denunciaron organizaciones de defensa de los detenidos y trabajadores penitenciarios.

Un detenido de 76 años y dos guardias murieron en Italia, el país de la UE más castigado por el coronavirus, donde dieron positivo 19 de los cerca de 58.000 detenidos, además de 116 agentes penitenciarios contagiados.

En España, otro país particularmente afectado, la enfermedad mató a una presa y a un guardia; el mismo balance que el registrado en Francia, donde 48 detenidos y 114 de los 42.000 agentes penitenciarios dieron positivo.

Reparto de teléfonos

En el Reino Unido, dos empleados de la prisión londinense de Pentonville, que presentaban síntomas del virus, murieron hace unas semanas, según la asociación de guardianes de prisiones.

En Bélgica, 32 vigilantes dieron positivo, así como cuatro detenidos, que están siendo atendidos.

Otro peligro que plantea la pandemia atañe a la seguridad. La disminución de paseos y salidas y la suspensión de las visitas y las actividades han generado una fuerte tensión en muchas prisiones, donde se produjeron incidentes.

En Italia, la suspensión de las visitas familiares desembocó, a principios de marzo, en motines en varios establecimientos, en los que una persona murió. En Rumanía, cuyas cárceles también están sobrecargadas, tres detenidos murieron y dos resultaron heridos en un motín en Satu Mare (norte), provocado -según los medios- por la reducción en el horario de visitas.

En Suecia también se reportaron incidentes: unos 25 detenidos se atrincheraron en la cárcel de Norrköping, al sur de Estocolmo.

Ante el aumento de la tensión, varios países trataron de compensar las medidas restrictivas con varias iniciativas. España aumentó el número de llamadas autorizadas y se facilitaron teléfonos móviles a los presos para que hagan videollamadas.

El gobierno francés, por su lado, decretó que los más desfavorecidos puedan tener televisión gratis, un crédito telefónico y una ayuda financiera.

Fuera de Europa, la pandemia de coronavirus también plantea un grave peligro para las prisiones. En Rusia, que donde hay unos 500.000 detenidos, las ONG advirtieron que la COVID-19 podría tener «consecuencias devastadoras», sobre todo en los centros de detención provisional, y pidieron a las autoridades que disminuyan la población penitenciaria.

René Morán

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Publicado por: René Morán

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