Empleo formal, el eslabón perdido de la justicia social

Un buen amigo suele decir que en México estamos llenos de “pobretólogos”: especialistas de café que hablan y analizan la crisis social de la pobreza brutal que azota al país. Desde todos los ángulos dictamos cátedra sobre sus causas históricas, sus múltiples vectores y las posibles soluciones.

Desde mis años al frente de la Fundación Empresarios por Puebla, las visitas a la Sierra Norte me dieron una visión directa y sin filtros de esta tragedia, y de cómo operan en la realidad los programas sociales y las ayudas particulares.

Hablar de pobreza en México no admite frivolidades. Combatirla no es una postura ideológica, sino una obligación moral compartida por cualquier sociedad que aspire a llamarse justa. Hasta ahí, casi todos coincidimos. El desacuerdo empieza cuando discutimos cómo hacerlo.

Durante años hemos apostado por programas asistenciales que buscan aliviar el síntoma más visible de la pobreza: la falta inmediata de dinero. No son irrelevantes, pero tampoco suficientes. Porque mientras una transferencia puede ayudar a sobrevivir, el empleo formal es lo único que permite avanzar.

No hay transferencia directa que sustituya la dignidad y la seguridad que otorga un recibo de nómina con todas las prestaciones de ley.

Ese simple papel, tan poco fotogénico para la propaganda política, representa acceso a salud, ahorro para el retiro, crédito para una vivienda, estabilidad familiar y, sobre todo, movilidad social. Todo lo demás son analgésicos sociales que bajan el dolor, pero no curan nada.

El empleo formal es un círculo virtuoso que no solo transforma la vida del trabajador; es lo que mueve al estado completo. Cuando una empresa en Puebla, en Campeche o en la CDMX se formaliza, entra a una cadena de valor más amplia: puede acceder a financiamiento, invertir, crecer, innovar y contratar más personas. Esa formalidad genera impuestos que, en teoría, deberían regresar en infraestructura, seguridad, servicios públicos y condiciones para seguir produciendo. Sí, eso deberían hacer.

Es un círculo virtuoso que funciona en casi todos los países que han logrado reducir pobreza de forma estructural. No hay una sola razón por la que no debería de hacerlo acá, a menos que mantener en la precariedad a la mayoría de los ciudadanos tuviera un objetivo político.

Algo hay de eso, pero esto es mucho más profundo, de forma muy general el problema es que, en México, de forma intencional o no, llevamos años debilitando ese círculo. Mientras hemos construido un discurso donde el empresario formal es sospechoso por definición y el cumplimiento de la ley se castiga más que se incentiva.

Para luego preguntarnos por qué la inversión se frena, el crecimiento es raquítico y la informalidad se dispara.

Paralelamente, la informalidad suele maquillarse con romanticismo: “emprendimiento popular”, “economía del esfuerzo”, “autoempleo”, “buscarse la vida”. Desafortunadamente, la realidad es bastante menos inspiradora.

La informalidad no es solo vender en la calle o no facturar. Es un estado de vulnerabilidad total. Es un trabajador sin IMSS que cruza los dedos para no enfermarse. Es una familia sin acceso al INFONAVIT que ve la vivienda propia como un sueño lejano. Es un adulto mayor sin pensión, condenado a depender de otros o de apoyos siempre inciertos.

Y no nos engañemos: buena parte de esa informalidad no es una elección personal, sino la consecuencia directa de la falta de oportunidades reales en el sector formal. Un sector que se asfixia bajo una carga fiscal, regulatoria y administrativa excesiva, y que además debe competir en un entorno de fragilidad institucional, muchas veces subordinado a intereses políticos y de grupo.

Así terminamos creando un impuesto de facto a la formalidad, que empuja a miles de pequeños negocios y trabajadores hacia la economía en la sombra. Después nos sorprendemos de que la base tributaria sea débil y de que los sistemas de seguridad social vivan bajo presión financiera. Es el círculo vicioso perfecto.

Dentro de los organismos empresariales, a pesar de todo lo que he escrito previamente, tenemos algo muy claro: esto no se resuelve señalando culpables, sino asumiendo responsabilidades compartidas. Reconocemos que hoy se necesita de liderazgo, corresponsabilidad y visión de largo plazo

Del lado de los tres niveles de gobierno, esto implica facilitar, verdaderamente, la apertura de negocios: trámites simples, tiempos razonables, reglas claras y costos proporcionales.

Del lado del sector empresarial, el compromiso es salarios dignos, cumplimiento de la ley, bienestar integral para los trabajadores y una visión que entienda que la rentabilidad sostenible no se construye precarizando.

La formalidad no debe verse como una concesión ni como una carga, sino como una inversión social de alto impacto.

Si queremos un país más justo, con oportunidades reales, un México en el que quepamos todos y nadie se quede atrás, debemos dejar de vender los programas sociales como la cura a nuestra pandemia de desigualdad. No lo son.

También sabemos dos cosas sobre ellos: son un paliativo necesario, que debe administrarse mejor para que su efecto social sea mayor, y al mismo tiempo, un instrumento usado con fines electorales.

No hace falta ofendernos ni rasgarnos las vestiduras por esto último. Es una realidad: lo han hecho prácticamente todos los partidos, de todos los colores, aunque hoy se ha llevado a un nivel insostenible para la economía nacional.

Por eso resulta estéril discutir cuánto repartir o si deben continuar. Están protegidos constitucionalmente, hubo consenso político y no hay marcha atrás. Lo que sí debemos hacer es dejar de usarlos como herramienta de coerción político-electoral y empezar a poner sobre la mesa lo que de verdad cambia el destino de las familias: cómo generar más y mejores empleos formales.

Porque ahí, y no en el asistencialismo perpetuo, está el único programa social sostenible de largo plazo.

Si de verdad queremos un país justo, dejemos de ver al empresario formal como simple recaudador y empecemos a asumirlo como el principal aliado de la política social del Estado.

Como dice mi buen amigo Junajo: no hay mejor programa social que el empleo formal.

Un abrazo

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Con información de UNAR AGENCY