El Gobierno presentó la Ley Antibarras: “Los delitos de las barras bravas serán considerados crimen organizado”

Buenos Aires, Argentina – La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó la presentación del Proyecto de Ley Antibarras, que el Gobierno envió al Congreso para tipificar penalmente a las barras bravas como “asociación ilícita futbolística”. Durante la conferencia realizada en Casa Rosada, Bullrich enfatizó que esta normativa busca erradicar la violencia en el fútbol y sancionar no solo a los barrabravas, sino también a los dirigentes y organizadores que faciliten su accionar.

“Hoy llegó a la Cámara de Diputados, firmado por el presidente Javier Milei, una ley que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas, y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal“, explicó la ministra. Acompañada por el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, Bullrich detalló que esta legislación amplía el alcance de las leyes vigentes sobre violencia en el fútbol, incluyendo también las estructuras de financiamiento de estos grupos.

Penas más duras y sanciones a dirigentes

Uno de los puntos más destacados del proyecto es que se castigará no solo a los miembros de las barras, sino también a los dirigentes de los clubes que colaboren con su accionar. En este sentido, la ministra explicó que la ley contempla sanciones para aquellos que faciliten entradas, financien traslados o permitan el ingreso de armas y elementos contundentes a los estadios.

“Hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otros elementos que pasaron sin que nadie supiese los controles”, denunció Bullrich.

La ministra destacó que el Gobierno ha logrado avances en materia de seguridad en el fútbol, con un récord de personas impedidas de ingresar a los estadios en 2024, pero advirtió que esto no es suficiente. “Las barras bravas no solo operan en las canchas; muchas veces se alquilan por dinero, generan custodias en negocios informales y manejan la venta ilegal de camisetas y entradas”, sostuvo.

Por su parte, Berlin subrayó que el objetivo es terminar con la impunidad de estos grupos. “El eje fundamental de esta nueva ley pasa por terminar con el barrabrava y tipificarlo penalmente como una organización criminal, en lugar de considerarlo parte del ‘folklore del fútbol’. Queremos erradicar la violencia de una vez por todas”, afirmó.

El antecedente de la Ley Antimafia y el impacto en la seguridad

Bullrich vinculó este nuevo proyecto con la Ley Antimafia, aprobada recientemente, que permite avanzar contra organizaciones criminales. “Esta ley nos permite atacar un tipo de violencia que le hace mucho daño a la Argentina“, afirmó.

Además, defendió el programa Tribuna Segura, que identifica y restringe el acceso de barrabravas a los estadios, aunque admitió que la nueva ley es necesaria para desmantelar estas estructuras criminales.

El Gobierno también expresó su preocupación por la creciente influencia de estos grupos en categorías inferiores del fútbol argentino. “En muchos casos, barrabravas están tomando la conducción de clubes de ascenso y juveniles, lo que representa una grave amenaza para el deporte”, advirtió la ministra.

Una iniciativa enmarcada en el contexto de las protestas

Más allá del fútbol, Bullrich hizo referencia a la reciente represión de manifestaciones y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad. En particular, respaldó a la Gendarmería tras el caso de Pablo Grillo, un manifestante gravemente herido en una protesta.

“El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad. El proyectil rebotó y atravesó un cartel antes de impactar”, aseguró. También apuntó contra los manifestantes violentos, a quienes calificó como “patoteros” y “violentos escondidos detrás de una reivindicación”.

Con esta postura, el Gobierno busca endurecer su línea de seguridad no solo en el ámbito deportivo, sino también en la gestión de las protestas sociales. El proyecto de Ley Antibarras ahora deberá ser debatido en el Congreso, en un contexto donde la seguridad y el orden público ocupan un lugar central en la agenda del oficialismo.